[Book] Human Rights Due Diligence for Lawyers

El Fallo de la comunidad Toba Nam Qom c/ Estado Nacional y otros s. amparo Destaca la Necesidad de un nuevo procedimiento de consulta previa con los pueblos originarios en la República Argentina

El Fallo de la comunidad Toba Nam Qom c/ Estado Nacional y otros s. amparo Destaca la Necesidad de un nuevo procedimiento de consulta previa con los pueblos originarios en la República Argentina

Por Thomas Andrew O’Keefe

Publicado el 26 de marzo de 2026 en el Suplemento Ambiental de el.Dial  

 

El Fallo de la comunidad Toba Nam Qom c/ Estado Nacional y otros s. amparo Destaca la Necesidad de un nuevo procedimiento de consulta previa con los pueblos originarios en la República Argentina(*)

Por Thomas Andrew O’Keefe(**)

El fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 4 de noviembre de 2025 en el caso de la comunidad Toba de Nam Qom contra el Estado Nacional, la provincia de Formosa y la empresa Dioxitek, S.A. demuestra otra vez más lo inapropiado que es vincular el procedimiento de la consulta previa con los pueblos originarios a la preparación de un estudio de impacto ambiental. 1 Aunque la República Argentina no es el único país latinoamericano que ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes que recurre a esta práctica, el reciente fallo resalta como esto puede derivar en conclusiones erróneas.2

El fallo surge de una acción de amparo promovido por la Comunidad Toba de Nam Qom sobre la base que nunca se les consultó con relación a la instalación de una planta de tratamiento de dióxido de uranio en un predio a cuatro kilómetros del territorio comunitario. En particular, la Comunidad fundó su derecho en el Convenio 169 de la OIT aprobado por la ley 24.071, cuyo art. 6.1.a, establece que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán […] consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente…”.

Un hecho que la Corte remarcó para rechazar el recurso de amparo de la Comunidad Toba de Nam Qom es que el gobierno provincial dio publicidad al proyecto en forma previa a su inicio a través del procedimiento de audiencias públicas previsto en la ley local de Política Ecológica y Ambiental y que se llevó a cabo una audiencia pública a los efectos de consultar la opinión de la población sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto que finalmente fue aprobado. Los autores del fallo ignoran que la consulta previa es una obligación del derecho internacional público que surge de la condición de pueblos que han sido históricamente excluidos a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.3 Ósea, el hecho que se cumplieron todas las exigencias que surgen de una legislación ambiental—incluyendo una audiencia pública—es completamente irrelevante.

La Corte también encontró dispositivo el hecho que los representantes de la Comunidad Toba de Nam Qom no demostraron “la existencia de un daño actual o inminente que pueda afectar directamente las vidas, creencias, instituciones o las tierras que ocupa la comunidad actora” y “ni siquiera describieron el daño concreto temido que la diferencie del resto de la población circundante de la provincia.” Esta interpretación contradice a los estándares internacionales, que no exigen una magnitud específica del impacto para activar el deber de consulta, sino únicamente su “potencialidad” o “susceptibilidad”.4 Además, nada en el Convenio 169 de la OIT evita la obligación de consultar si es que el impacto ambiental amenaza a toda la población en general y no es limitado solo a un pueblo Indígena.

Para evitar el tipo de confusión y errores de interpretación que inevitablemente pueden surgir cuando la consulta previa no es un procedimiento independiente, una mejor práctica es seguir el ejemplo de países como Costa Rica que en 2018 estableció una Unidad Técnica para la Consulta Indígena que está alojada en el Ministerio de Justicia y Paz. La Unidad Técnica está a cargo de vigilar el cumplimiento con el Mecanismo General de Consulta a pueblos indígenas que indica a las instituciones gubernamentales cómo cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando una medida o proyecto sea susceptible de afectar sus derechos colectivos.5 El Artículo 26 del Mecanismo establece un procedimiento de 8 pasos para realizar una consulta: (1) solicitud de la consulta; (2) admisibilidad de la solicitud de consulta; (3) acuerdos preparatorios para la consulta; (4) intercambio de información; (5) evaluación interna del pueblo Indígena; (6) diálogo, negociación y acuerdos; (7) finalización del proceso de consulta; y, (8) cumplimiento y monitoreo de los acuerdos. En cada territorio Indígena, la figura de “Instancia Territorial” será designada por la comunidad en reuniones abiertas y se encargará de coordinar la logística de las consultas que se realicen. Estos diálogos deben incorporar a toda la comunidad.

A pesar del fallo en Comunidad Toba Nam Qom c/ Estado Nacional y otros s/ amparo, que encontró que la necesidad de una consulta previa contemplada por el Convenio 169 de la OIT no era aplicable, nada impide que la empresa Dioxitek, S.A. dialogue con la comunidad Toba de Nam Qom para llegar a un acuerdo consensual para así evitar cualquier tipo de protesta o conflicto social. Esta es una práctica que se ha visto en países como Chile donde, igual que en la República Argentina, el procedimiento de consulta previa es una obligación legal del gobierno y no de la empresa privada. En el caso chileno, el procedimiento de consulta con las comunidades indígenas es administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental para los proyectos o actividades que requieren un estudio de impacto de sus efectos ambientales.6 Esto convierte la consulta previa en un trámite meramente burocrático y sin efectos sustantivos vinculantes a la mantención y fortalecimiento de la cultura, forma de vida e instituciones propias de la comunidad. En la práctica, el derecho a la consulta previa “se limita a la verificación del cumplimiento de etapas, plazos, y documentos, sin garantizar que las decisiones adoptadas reflejen la voluntad indígena ni resguardan sus derechos e intereses sustantivos.”7

En 2016, la empresa norteamericana de litio Albemarle Corporation firmó un Acuerdo de Cooperación, Sostenibilidad y Beneficio Mutuo con 18 pueblos originarios que forman el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA). Dicho acuerdo se enfoca en temas para proteger el medioambiente y los recursos hídricos en uno de los desiertos más áridos del planeta. Además, Albemarle se comprometió a entregar anualmente un monto equivalente a un 3,5 % de sus ventas para varias iniciativas incluyendo la construcción de una planta fotovoltaica, redes de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, construcción de sedes comunitarias, y 500 becas de estudio a nivel universitario. Como parte de sus normas corporativas de responsabilidad social, Albemarle también se comprometió a cumplir con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El acuerdo entre Albemarle y la CPA representa un ejemplo de pueblos indígenas utilizando un acuerdo negociado con una empresa como parte de una estrategia más amplia que consiste en lograr el reconocimiento de sus derechos y en jugar un papel central en la toma de decisiones vinculadas a las actividades extractivistas.8 En ese sentido el acuerdo representa un desafío al gobierno chileno por no haber sido un fiel defensor del medio ambiente y protector de los intereses de los pueblos atacameños.

___________________________

(*) FRE 6231/2014/CS2 – “Comunidad Toba Nam Qom c/ Estado Nacional y otros s/ amparo” – CSJN – 04/11/2025 (elDial.com – AAED34)

(**) Abogado en los EE.UU. que goza de la doble nacionalidad chilena y norteamericana. Es Director de Indigenous ADR [https://www.IndigenousADR.com] con sede en Washington, D.C., EE.UU.

[1] Se puede acceder al texto completo del fallo en: https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-comunidad-toba-nam-qom-estado-nacional-otros-amparo-fa25000216-2025-11-04/123456789-612-0005-2ots-eupmocsollaf?

[2] El texto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y Tribales se encuentra en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

[3] En el caso particular de los Qom estamos hablando de un pueblo que fue objeto de una política de estado de genocidio. Véase, https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-masacre-de-napaalpi-un-crimen-de-lesa-humanidad

[4] INFORME ALTERNATIVO CONJUNTO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE PUEBLOS INDÍGENAS AL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS CON MOTIVO DEL EXAMEN DEL QUINTO INFORME PERIODICO DEL ESTADO DE CHILE (Observatorio Ciudadano 2025), p. 7. Se puede acceder el Informe en: https://observatorio.cl/wp-content/uploads/2025/09/Informe-DESC-OC.pdf

[5] Se puede acceder el texto completo del Decreto Número 40932- MP-MJP que estableció el Mecanismo General de Consultas a pueblos indígenas en: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86267&nValor3=111809&strTipM=TC

[6] En Chile también existe el Decreto Supremo Número 66 de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que establece el procedimiento general de consulta Indígena para todo que no ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

[7] INFORME ALTERNATIVO CONJUNTO, supra nota 5, p. 6.

[8] Ciaran O’Faircheallaigh y Sally Babidge. Negotiated Agreements, Indigenous Peoples and Extractive Industry in the Salar de Atacama, Chile: When is an Agreement More than Contract? 54 DEVELOPMENT AND CHANGE (2023), p. 642. Se puede acceder el artículo complete en: https://doi.org/10.1111/dech.12767

____________________________________

Citar: elDial DC37C8

copyright © 1997 – 2026 Editorial Albrematica S.A. – Tucumán 1440 (CP 1050) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

[Book] Human Rights Due Diligence for Lawyers

OHADAC Regional Arbitration Centre (CARO): Conflict Management Committee Rules

OHADAC Regional Arbitration Centre (CARO): Conflict Management Committee Rules

Secretary General of the CARO Centre: Marie-Camille Pitton

Group Leader: Elise Groulx Diggs

Introduction

These Rules have been drafted in recognition of a new era in Global Economic, Social and Environmental Development. In its 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations provided a roadmap for the future, incorporating Sustainable Development Goals targeting multiple focus areas including:

• Decent work and Economic Growth
• Industry, innovation, and infrastructure
• Reduced inequalities
• Sustainable Cities and Communities
• Climate action
• Peace, justice and strong institutions
• Partnerships for achieving the goals

Conflict in large complex infrastructure projects and undertakings is inevitable. But the inordinate delays, brought about by contractual issues and stakeholder grievances such as community protests due to the lack of adequate consultation or follow-up provoke spiraling costs and damage to governments and businesses. The failure to anticipate and effectively address these negative impacts leading to conflict can be avoided and managed.

These Rules offer a framework focused on early problem identification, exploration and resolution, including both contractual and ESG related issues.

Rules Overview

Experienced, Impartial Assistance – A purpose driven conflict management tool, the Conflict Management Committee (CMC) is designed to inspire trust in any project by the parties and stakeholders alike. A proper process will help achieve the “social license to operate” key to any successful project.

Unique Combination of Expertise – The CMC forms a group of experienced neutrals, with balance being sought between those with an Engineering, Contract Management, and ESG backgrounds.

Stakeholder Engagement – The process provides for information gathering, early and continuous engagement with stakeholder communities, monitoring by the CMC, and active communication amongst and between contracting parties, community stakeholders and the CMC.

Institutional Framework – The CARO Centre offers a sound institutional framework for the implementation of its mission by the CMC. Placed under the authority of its Secretary-General, the CARO Centre appoints and replaces CMC members, sets and manages the costs of proceedings, and monitors the satisfactory progress of CMC’s mission under the Rules.

Focus on Problem Solving – The Rules focus on project-based, early problem identification and active dialogue, with the intent of solving problems and issues before they become disputes. Regular meetings and site visits throughout the project lifecycle create opportunities for informal problem identification, exploration of practical solutions, dialogue, and resolution. Failing informal resolution, the Rules present the option of a CMC-issued written recommendation, with mediation serving as a final step. The Rules intentionally avoid the inclusion of a mandatory binding determination, as the intent is to focus on dialogue between the stakeholders to resolve issues. Nothing in the Rules prevents the stakeholders to proceed to a binding form of dispute resolution, should they seek to do so.

Consideration of ESG Legal Framework – Modern Infrastructure Contracts typically include ESG contractual clauses, incorporating compliance with ESG goals into the contractual framework. In addition to mandatory legal obligations applicable to the contract, international guidelines in the field of environmental and social protection are acknowledged as relevant norms to be considered by the CMC throughout the implementation of its mission.

Read the full Rules here.

[Book] Human Rights Due Diligence for Lawyers

Chapter 11, A Guide to Human Rights Due Diligence for Lawyers

Human Rights Due Diligence Practices for Adequate and Effective Consultation with Indigenous Peoples

By Thomas Andrew O’Keefe

Published as Chapter 11 in A Guide to Human Rights Due Diligence for Lawyers (Chicago: American Bar Association, 2023)

[Book] Human Rights Due Diligence for Lawyers

I. Introduction

The United Nations estimates that there are some 370 million Indigenous persons living around the world in over 90 countries. Due to widespread marginalization and discrimination, Indigenous peoples often find themselves mired in poverty and, therefore, especially vulnerable to the negative impacts of business activities. While Indigenous peoples may represent only about five percent of the world’s population, estimates indicate that over half of the world’s remaining mineral resources may be located in their territories. Consequently, there is considerable risk that government licenses or concessions for development and investment activities will detrimentally impact Indigenous peoples’ relationship to their lands, and cause environmental degradation, and pollution.

This chapter examines the legal obligation of prior consultation arising under the International Labour Organization Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples (ILO) 169) as well as the principle of free, prior, and informed consent contained in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). The chapter then explores how both ILO 169 and the UNDRIP have influenced the development of a series of guidelines and standards for businesses whose activities may detrimentally impact Indigenous peoples. The chapter also discusses how these guidelines and standards can be used to fashion a business enterprise’s internal human rights due diligence policies and practices to ensure it supports, respects, and promotes the human rights of Indigenous peoples, including adequate and effective consultation.

This chapter’s geographical focal point is the Western Hemisphere since this is the area of the world with the largest concentration of Indigenous peoples, in some cases making up close to, if not the majority, of a country’s population, and the greatest number of States that have ratified international legal instruments requiring prior consultation with Indigenous peoples. In addition, the inter-American human rights system has the most extensive substantive jurisprudence on consultation and consent. Hence, the Americas offer a plethora of examples that provide practical guidance for countries in other regions of the world on what constitutes adequate and effective consultation, not to mention decades of cumulative errors to avoid.

Purchase the book here.

 

Putting Civility at the Core of a New Federal Process for Consultation with Native American Communities

Putting Civility at the Core of a New Federal Process for Consultation with Native American Communities

As Published in the September 2022 Issue of the American Bar Association Dispute Resolution Section’s Just Resolutions Newsletter

By Thomas Andrew O’Keefe

ABA House of Delegates Resolution 108 affirms that civility is a foundation for democracy and the rule of law and calls upon “all government officials and employees… to strive toward a more civil public discourse in…the administration of the affairs of government.” The Report supporting passage of Resolution 108 defines civil public discourse as an engagement that encourages people to vigorously, but responsibly, debate the choices facing a community through deliberative dialogue, respectful communication, and informed public decision-making.

The frequent failure by the federal government to conduct adequate consultations with Native American communities before undertaking decisions or embarking on actions that may impact them has contributed to irreparable human rights violations, grave economic injustice, and violent social conflicts. In response to this tragic history, President Joe Biden issued a Memorandum on Tribal Consultation and Strengthening Nation-to-Nation Relationships within days of taking office.1 The Memorandum reaffirms Bill Clinton’s Executive Order 13175 requiring that all executive departments and agencies engage in regular, meaningful, and robust consultation with tribal officials in the development of federal policies that have tribal implications2 as well as Barack Obama’s Memorandum of 2009 that requires each federal agency to prepare and periodically update a detailed plan of action to implement Executive Order 13175.3

 

Unlike the earlier Clinton and Obama consultation initiatives, Biden’s effort is noteworthy for categorically acknowledging that “American Indian and Alaska Native Tribal Nations are sovereign governments”. Otherwise, it shares its predecessors’ deficiency in limiting consultations to federally recognized tribes and completely excluding Native Hawaiians. Similarly, it ignores the fact that consultation is a collective right of Indigenous peoples that should be inclusive of a wide cross section of the community and not narrowly restricted to elected or duly appointed officials of Indian tribal governments or authorized intertribal organizations.4 It also provides no means for compelling federal agencies to engage in meaningful consultations. The latter omission can be easily remedied by adopting the provision found in the Requirements, Expectations, and Standard Procedures for Effective Consultations with Tribes, or “RESPECT” Act introduced in the U.S. House of Representatives in May 2021 that allows tribal governments to seek judicial review of a determination made by any federal government agency.

The Biden administration should also consider international legal principles when devising a new federal consultation process. International Labor Organization Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples requires that governments engage in “prior consultations” with Indigenous and tribal peoples in any endeavor that may impact their lives and the lands they occupy or otherwise utilize.5

For its part, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) requires the “free, prior, and informed consent” of Indigenous peoples whenever any activity or project has a significant impact on them and/or their way of life.6 This means “that the relevant consultations should not be a mere formality, but, rather, should be conducted in good faith and with the objective of finding a common agreement.”7 The term free “implies that the process of consultation should be conducted in the absence of any type of coercion and pressure”; prior suggests “that consultations should take place before undertaking an action or implementing a project”; and, informed “means that Indigenous peoples should receive satisfactory information in relation to the relevant measure or project.” 8 Free “also implies allowing sufficient time for the engagement process to occur, so that Indigenous communities do not feel rushed, or believe that the process was mere window-dressing.”9

The inter-American human rights system monitors, promotes, and protects human rights in all 35 member countries of the Organization of American States (OAS), including the United States. Although the U.S. has never accepted the jurisdiction of the American Court of Human Rights in San José, Costa Rica, nevertheless it is significant that the most authoritative body within the inter-American human rights system has “held that the duty of States to consult Indigenous peoples must now be regarded as a general principle of international law” and, in the case of large-scale development or investment projects, governments “have a duty to not only consult with Indigenous peoples, but also to obtain their free, prior, and informed consent.”10

A 2010 report by the Inter-American Commission on Human Rights provides guidance for ensuring that the collective interest of an Indigenous community does not prevail to the detriment or exclusion of individual members.11 The report recommends that all members of a community should be fully and accurately informed of the nature and consequences of the process and provided with an effective opportunity to participate individually or collectively.12

For a new Federal consultation process to have any hope of facilitating genuine consensus building, all federal government officials and employees involved in such dialogue must acknowledge and respect the sovereignty and self-governance of the American Indian and Alaska Native Tribal Nations. Equally as important, the entire process must be adequately funded by the federal government, including providing sufficient training for all participating federal government officials and employees in the body of U.S. law collectively known as “Federal Indian Law” that includes treaties, statutes, executive orders, administrative decisions, and court cases. Undoubtedly, the most critical factor for any consultation to be effective, however, is for the process be conducted in a spirit of mutual civility that encourages deliberative dialogue, respectful communication, and informed decision-making.

ENDNOTES

1 Memorandum on Tribal Consultation and Strengthening Nation-to-Nation Relationships (The White House, January 26, 2021). Available at: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/26/memorandum-on-tribal-consultation-and-strengthening-nation-to-nation-relationships/

2 Executive Order No. 13175, Consultation and Coordination with Indian Tribal Governments, 65 Fed. Reg. 67,249 (November 6, 2000). Available at: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2001-title3-vol1/pdf/CFR-2001-title3-vol1-eo13175.pdf Such policies include regulations, legislative comments or proposed legislation, and other policy statements or actions that have substantial direct effects on one or more Indian tribes. (Section 1(a))

3 Presidential Memorandum on Tribal Consultation (The White House, Office of the Press Secretary, November 5, 2009). Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/memorandum-tribal-consultation-signed-president

4 Martin Scheinin & Mattias Àhrén, Relationship to Human Rights, and Related International Instruments, in JESSIE HOHMANN & MARC WELLER, EDS., THE UN DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES: A COMMENTARY 67 (Oxford University Press 2018).

5 International Labour Organization, Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169, 27 June 1989, available at: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

6 UN General Assembly, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, resolution adopted by the General Assembly on 13 September 2007, A/RES 61/295, available at: https://undocs.org/A/RES/61/295

7 Mauro Barelli, Free, Prior, and Informed Consent in the UNDRIP, in JESSIE HOHMANN & MARC WELLER, EDS., THE UN DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES: A COMMENTARY, supra note 4, at 248.

8 Id. at 250.

9 AMY K. LEHR, INDIGENOUS PEOPLES RIGHTS AND THE ROLE OF FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT 14 (United Nations Global Compact 2014).

10 Mauro Barelli, Free, Prior, and Informed Consent in the UNDRIP, in THE UN DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES: A COMMENTARY, supra note 4, at 257-258.

11 INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES’ RIGHTS OVER THEIR ANCESTRAL LANDS AND NATURAL RESOURCES 107 (OAS 2010).

12 Id. at 107. The requirement of full participation is not met whenever: members of a community have not been afforded a full and effective role in the selection, authorization or mandate of those who act on behalf of the community; the corresponding claims are promoted by a particular band, clan or segment of the community; or appropriate consultations among the members of the entire community are not carried out at the moment of adopting substantial decisions affecting the rights or interests of the community. Id. Note 76, at 107.

Putting “Teeth” in the Requirement for Consultation with Indigenous Peoples

Putting “Teeth” in the Requirement for Consultation with Indigenous Peoples

As Published in October 2021

By Thomas Andrew O’Keefe

In no other region of the world have as many countries ratified International Labor Organization Convention 169 – requiring that governments consult Indigenous communities before approving projects that may detrimentally impact them – as Latin America, but human rights due diligence standards adopted by companies involved in investment projects are proving much more effective in guaranteeing adequate and effective consultations rather than government action. This is true even though ILO 169 requires that governments consult with local communities before giving the green light to investment or development projects that affect Indigenous lands, natural resources, and water supplies. 

  • Neither Canada nor the United States has ratified ILO 169, and they were among only four countries that voted against the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) when it came up for a vote in the UN General Assembly in 2007, which endorsed the “free, prior, and informed consent” principle. Colombia was the only Latin American country not to fully embrace the UNDRIP.

Despite widespread ratification of ILO 169 and endorsement of the UNDRIP, Latin America is plagued by social conflicts involving Indigenous peoples who feel they were never adequately consulted. The most infamous example was in 2009 at Bagua in Amazonian Peru, when the administration of President Alan García used lethal force to counter protests by Indigenous peoples opposed to legal changes that facilitated energy, mining, and agricultural concessions on their lands. The violence resulted in the deaths of 34 people (mostly policemen) and hundreds of injured. Many of these social conflicts have delayed the completion of major energy and mining projects throughout Latin America for years, sometimes forcing their abandonment or the revocation by governments of previously granted concessions. The direct financial losses incurred by businesses have been huge, not to mention the damage to corporate branding image.  

  • One reason for persistent conflicts throughout Latin America is that ILO 169 offers no definitive answer as to what happens if an Indigenous community vetoes a proposed project. Presumably that wouldn’t occur if the consultation were effective. But ILO 169 is vague on the precise consultation process a government must follow, leading to wide national variations as to who must be consulted and how. Although the UNDRIP implies that Indigenous peoples have the right to reject a project, its provisions are not considered legally binding by most governments unless specifically incorporated into domestic law. Even in Bolivia, one of the few countries where “free, prior and informed consent” is the law of the land, this did not prevent the administration of President Evo Morales from going ahead with a highway through the TIPNIS reserve in eastern Bolivia over the objections of its Indigenous inhabitants.

The growing importance of Environmental, Social and Governance (ESG) criteria in corporate decision-making, including the adoption of internal human rights due diligence policies and practices, may finally lead to effective consultation mechanisms that accept the notion that Indigenous peoples have the final say in either approving or rejecting a project that threatens their way of life or will permanently displace them from ancestral lands. For one thing, good faith consultation with Indigenous peoples is now a recognized international human right. More importantly, businesses are not absolved by a government’s failure to fulfill the obligation to consult Indigenous peoples on projects affecting them.

  • Multilateral lending agencies such as the Inter-American Development Bank have developed performance standards that include a consent requirement that must be adhered to by any company seeking their financing for investment projects that may impact Indigenous people. In addition, equity investors with investment risk management concerns are emerging as important guarantors of corporate consultation and consent with Indigenous communities, particularly in the natural resource extraction industry.
  • If the ESG criteria weren’t a big enough stick for private sector compliance, there is also an emerging trend in Europe and at the UN to make human rights due diligence principles mandatory for businesses. For example, France passed a law in 2017 that requires companies with a substantial presence in the country to adopt reasonable vigilance measures to allow for risk identification and for the prevention of severe violations of human rights directly or indirectly from the operations of the companies and their subsidiaries.  Businesses that do not meet their vigilance obligations are liable for damages incurred by victims. These emerging legal obligations encompass not only the foreign operations of corporations but increasingly extend to the entire production and supply chain.